Este viernes 7 de diciembre se realizará el segundo conversatorio del ciclo “Quiénes votan en Chile”, donde destacados académicos comentarán las estadísticas elaboradas a partir de datos individuales de los votantes.

Desde octubre pasado, el Servicio Electoral (Servel) viene desarrollando una serie de actividades con distintas instituciones académicas en el marco del ciclo “Quiénes votan en Chile”. En este contexto, el próximo viernes 7 de diciembre, en alianza con la Universidad Católica, se llevará a cabo el segundo conversatorio, en el cual se expondrá un análisis de la participación en los procesos electorales entre 2012 y 2017.

La ponencia central estará a cargo de director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo; y de la licenciada en Ciencia Política UC, Catalina Bravo; quienes presentarán estadísticas elaboradas a partir de datos individuales de las votaciones que se realizaron en el periodo. Este estudio intenta aproximarse al conocimiento del comportamiento de los electores en las distintas elecciones, a fin de extraer conclusiones que, posteriormente, permitan generar propuestas para incrementar la participación y reducir la abstención electoral.

Dichos datos serán comentados por la representante residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Marcela Ríos; y por destacados académicos como Carmen Le Foulon, del Instituto de Ciencia Política UC; Claudia Heiss, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile; y Patricio Zapata, de la Facultad de Derecho UC.

El encuentro, en que participará el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, y el consejero Andrés Tagle, se desarrollará a partir de las 8:45 horas, en el Auditorio Principal del Centro de Innovación de la Universidad Católica (Campus San Joaquín UC. Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul).

Esta actividad, viene a dar continuidad al conversatorio que se realizó en la Universidad Diego Portales el 11 de octubre pasado, donde se presentaron las estadísticas de participación electoral 2017, tras concluir el proceso de extracción de datos de los padrones de mesa que se utilizaron en las distintas votaciones que tuvieron lugar en el año.

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Este encuentro reunió a órganos electorales de 22 países de América Latina y el Caribe, en torno a materias como la participación de mujeres en política, el desafío de regular para garantizar equidad en el derecho a elegir y ser elegido, en cuanto a gasto electoral, divulgación de encuestas, medios de comunicación y redes sociales, entre otros.

Entre el 7 y 9 de noviembre se desarrolló en República Dominicana la XIII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En el encuentro, donde se discutió sobre los desafíos que enfrentan los procesos electorales en la región y el papel que juegan las instituciones encargadas de administrarlos, participó el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría Mutis, junto a representantes de otros 28 órganos electorales de 21 países de América Latina y el Caribe.

La participación política de la mujer fue una de los temas que se abordaron en la reunión, respecto de la cual la autoridad del Servel expuso los cambios que ha experimentado la legislación electoral en Chile, desde la reforma de 2016, destacando que los partidos no pueden presentar más del 60% de las candidaturas de un mismo sexo, tanto en las elecciones populares como en sus cargos internos; el mayor reembolso de gastos en el caso de las candidatas; el bono a los partidos por candidatas electas; y las sanciones a los partidos que no disponen del 10% de financiamiento fiscal para promover participación de mujeres en política. En el panel intervino Rosina Wiltshire, primera promotora para la justicia de género de la Comunidad del Caribe (CARICOM), quien se refirió a los desafíos pendientes en la materia.

Asimismo, otro de los temas que se analizaron fueron los modelos de regulación para el acceso a los medios de comunicación, a fin de garantizar equidad en el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido. En esta línea, también se desarrolló una mesa plenaria sobre los desafíos en el establecimiento de límites de gastos electorales en las campañas. “En Chile optamos por regular el gasto electoral, fijándole un monto máximo y estableciendo límites a los aportes propios, a los aportantes privados, que son públicos y provenientes solo de personas naturales, y también a los anticipos y reembolsos públicos”, comentó en la ocasión el Presidente del Consejo Directivo del Servel.

Del mismo modo, se discutió acerca de las encuestas de opinión en los procesos electorales, respecto de lo cual Patricio Santamaría señaló que en Chile solo pueden ser difundidas hasta 15 días antes de la elección, aunque otros países han ido más allá, estableciendo prohibiciones y hasta sanciones penales en caso de diferencias con resultados concretos.

Las redes sociales también fueron materia de análisis, especialmente en lo referido a cómo garantizar la privacidad de los datos, la libertad de expresión y, simultáneamente, combatir la desinformación. “La democracia debe construirse y sostenerse en la verdad; no en la manipulación ni en la mentira”, dijo.

“Ratificamos la necesidad de enfatizar el carácter técnico de nuestras acciones y resoluciones, de resguardar la imparcialidad y de reforzar la autonomía e independencia. Para ello, entre otras cosas, se debe establecer la naturaleza de las Misiones de Observación y de los informes sobre los procesos electorales, dejando en claro las que son de carácter político ­sean de organismos internacionales o partidistas­ las académicas y las impulsadas por la ciudadanía, que son distintas a las realizadas por las autoridades electorales”, concluyó Santamaría al finalizar este importante encuentro regional.

Por su parte, la Organización de los Estados Americanos estuvo representada por el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, Francisco Guerrero, y por el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, Gerardo de Icaza; quienes destacaron el rol de las autoridades electorales como guardianes de las democracias y la necesidad de que se mantengan ágiles en el manejo de los desafíos en evolución generados por la tecnología, el cambio social y otras dinámicas que alteran la forma en la que los ciudadanos, los partidos políticos, los candidatos y las organizaciones electorales interactúan en el proceso electoral.

En la capacitación, que reunió a representantes de los partidos que adhieren al Convenio para Fortalecer la Participación de Mujeres en Política, se analizaron las dificultades que deben superar las candidatas, y el apoyo e incentivos que deben existir para que puedan ejercer su derecho a ser elegidas.

Las estrategias de selección y apoyo de candidatas fueron el tema central del tercer taller de capacitación que se realiza en el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional para Impulsar y Fortalecer la Participación de Mujeres en Política, que suscribieron el Servicio Electoral (Servel), el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La actividad, que se desarrolló durante la mañana de este martes 20 de noviembre, convocó a representares de las distintas colectividades que adhirieron a dicho convenio; entre ellos, encargados de género de los partidos, integrantes del comité de selección de candidaturas y las directivas de las juventudes, entre otros.

En esta oportunidad, el relator del taller fue Sebastián Kraljevich, sociólogo, consultor asociado al Instituto Latinoamericano de Comunicación Estratégica y Académico de la Pontificia Universidad Católica, quien analizó la experiencia internacional sobre la materia, e invitó a reflexionar respecto de las principales barreras que existen en Chile para encontrar candidatas e identificar estrategias de nominación y apoyo que sirvan de incentivo para que más mujeres compitan por cargos de elección popular.

Esta proyectado que el cuarto y último taller sobre la temática se lleve a cabo durante los próximos meses, donde los asistentes podrán presentar los avances en el autodiagnóstico de sus partidos políticos en igualdad de género, fase clave en este programa de acompañamiento y que tiene por objeto que cada colectividad pueda efectuar las mejoras que sean necesarias sobre la materia.

De acuerdo con el instructivo elaborado por el Consejo para la Transparencia, el Servicio Electoral ha completado la auditoría de cuatro trimestres, donde se contrasta la información publicada en los sitios web de las colectividades con la documentación física existente en sus sedes y en los registros del Servel, a fin de verificar la aplicación de los indicadores contemplados en la legislación.

En la última década Chile ha avanzado sustancialmente para elevar los estándares de transparencia en el quehacer político, adecuándose a los criterios internacionales sobre la materia. En dicho contexto, esta semana el Servicio Electoral (Servel) completó la cuarta fiscalización a los partidos políticos, correspondiente al trimestre abril-junio de 2018, en la cual se examinó el cumplimiento de los estándares de transparencia establecidos en la Instrucción General N° 12 sobre Transparencia Activa de los Partidos Políticos, dictada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), y lo informado en la Circular N° 64, del 20 de septiembre de 2017, de acuerdo con la actual legislación sobre la materia.

En la revisión, que se llevó a cabo por la Subdirección de Partidos Políticos del Servel, se consideraron solo a las colectividades vigentes en cada trimestre. Cabe recordar que el primer periodo en que se aplicaron estas auditorías fue el comprendido entre julio y septiembre de 2017; para lo cual el Servel, junto al CPLT, realizó en agosto de ese año un taller de capacitación sobre transparencia activa orientado a las colectividades, enfocándose especialmente en los indicadores a medir y en cómo alcanzarlos.

La fiscalización contempla 50 preguntas sobre transparencia activa, respecto de las cuales se determina si las colectividades cumplen o no con lo solicitado. En términos globales en esta última fiscalización, el conjunto de los partidos mostró un 84% de cumplimiento en los indicadores generales, para lo cual se requería aprobar un 60% de los ítem evaluados; mientras que un 91,83% cumplió con las materias críticas, las cuales implican tener aprobados todos los ítem de esta categoría, y dicen relación con la visualización de las declaraciones de patrimonio e intereses de los candidatos e integrantes del órgano ejecutivo de la colectividad, la información financiera de ésta, y los aportes y gastos electorales que reportan.

Dicha auditoría muestra un positivo avance en el desempeño de los partidos, ya que en las revisiones anteriores los porcentajes globales han sido inferiores, lo cual evidencia el compromiso de las colectividades con la transparencia, especialmente porque las fiscalizaciones son cada vez más exigentes en cuanto a la verificación de la información.

En una primera etapa se audita la documentación publicada en los sitios web de los partidos y, en la segunda, se contrasta con la documentación física existente en sus sedes y en los registros del Servel, lo cual, si arroja discrepancias, se observa y notifica a los partidos mediante acta enviada al efecto.

“El proceso de fiscalización que está desarrollando el Servel ha contribuido de manera eficaz a que los distintos partidos avancen hacia una relación más transparente con sus afiliados y la ciudadanía en general. Sin embargo, aún hay materias en que se debe trabajar para mejorar los indicadores establecidos en la ley”, señaló el director del Servicio Electoral, Raúl García Aspillaga; al tiempo que valoró la disposición de cada una de las colectividades para implementar las herramientas tecnológicas en las que se debe publicar la información.

Tras cada auditoría, los partidos son notificados de sus resultados, en función de los cuales deben hacer los ajustes que se requieren. En caso de identificarse infracciones al tenor de la ley, el Servel puede abrir un procedimiento administrativo sancionatorio para investigarlas y, de ser acreditadas, determinar las multas que correspondan.

MARCO LEGAL

Los alcances de los criterios que se consideraron en esta fiscalización se enmarcan en las reformas legales que se gestaron a partir de abril de 2016, cuando entraron en vigencia la Ley 20.900 para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia y la Ley 20.915 para Fortalecer el Carácter Público y Democrático de los Partidos Políticos y Facilitar su Modernización, las que, según el Director del Servel, propiciaron un nuevo paradigma para el ejercicio de la actividad política y de la democracia en el país.

En este sentido, los cambios normativos más relevantes que introduce la Ley 20.915 a la Ley 18.603 sobre partidos políticos, son aquellos que dicen relación con el acceso a la información y la transparencia que deben fomentar las distintas colectividades. Entre ellos, se incorpora el deber de mantener a disposición de los ciudadanos a través de sus sitios web −en forma completa, permanente, actualizada y de un modo que permita su fácil identificación− una serie de antecedentes que se detallan en el artículo 49 de la citada ley de partidos.

En este marco legal, se asigna al Servicio Electoral un rol de fiscalización y control, mientras que al Consejo para la Transparencia uno de instrucción y capacitación. De modo que, para aplicar estas nuevas disposiciones y coordinar las acciones preventivas de fiscalización, se definió que el Servel realice de forma trimestral una revisión para verificar la aplicación de dichas exigencias, y que el Consejo para la Transparencia desarrolle un proceso de acompañamiento a los partidos políticos para incentivar las buenas prácticas en materias de transparencia, entre otras acciones.

Finalmente, el Director del Servel destacó este proceso de fiscalización como un significativo avance en materia de transparencia en la política, que va en línea con una ciudadanía cada vez más empoderada y que ejerce un rol fiscalizador más riguroso hacia sus autoridades e instituciones.

Resultados fiscalización transparencia activa 2017-2018

Dando continuidad al encuentro desarrollado en Concepción en alianza con la Fiscalía, este es un espacio para revisar los avances en la normativa, las causales de infracción y las figuras penales que subyacen en la legislación electoral.

 La Dirección Regional del Servicio Electoral (Servel) en Valparaíso, en conjunto con la Fiscalía de esa región, llevará acabo el próximo jueves 29 de noviembre la segunda versión del seminario “Experiencias y desafíos en el financiamiento de la actividad política en Chile”.

Tal como ocurrió en el encuentro desarrollado en Concepción el mes pasado, el principal objetivo de la actividad es colaborar con los partidos políticos en su conocimiento y posterior cumplimiento de normativa electoral.

En la instancia, que se desarrollará a partir de las 8:30 hrs. en el Auditorio de la Fiscalía Local de Viña del Mar, expondrán el jefe de la división de Fiscalización del Gasto y Propaganda Electoral, Osvaldo Maldonado Segovia, quien se referirá al financiamiento de las campañas y el procedimiento de contabilidad electoral; y el jefe de la división de Fiscalización y Financiamiento de Partidos Políticos, Rodrigo Vivallo Zapata, quien explicará cómo opera el financiamiento público permanente a las colectividades y su fiscalización.

En la oportunidad, el fiscal adjunto de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Claudio Rebeco Muñoz, analizará los tipos penales introducidos por la Ley Nº 20.900 y algunos aspectos investigativos de interés.

Está proyectado que la actividad concluya pasado medio día con una ronda de preguntas.

Dada la relevancia de las materias a tratar, la directora regional del Servel en Valparaíso, Katy Cortés Valenzuela, invita a las directivas de los partidos políticos a participar de este encuentro, donde podrán aclarar dudas y conocer más sobre las buenas prácticas en el ámbito político-electoral.

De las 28 colectividades a las que les correspondía presentar sus cuentas anuales, 12 cumplieron con los criterios para ser aprobadas, diez fueron rechazadas y seis siguen en revisión.

 En el actual proceso de fiscalización de los balances anuales de los partidos políticos, correspondiente al ejercicio 2017, el Servicio Electoral (Servel) ha completado el 98% de las auditorías.

En este contexto, de las 28 colectividades a las que les correspondía presentar sus cuentas, 12 cumplieron con los criterios para ser aprobadas, diez fueron rechazadas y seis siguen en revisión.

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Partidos Políticos deben practicar un balance anual y remitir un ejemplar al Servicio Electoral, a fin de verificar el adecuado uso de los recursos que reciben de parte del Estado a través de los aportes trimestrales.

Asimismo, la citada normativa establece que, si en el proceso de fiscalización se estima necesario formular aclaraciones, el Servel puede solicitar al partido antecedentes del caso, el que debe proporcionarlos en un periodo de 10 días hábiles. En este sentido, se detectó un total de 461 situaciones que requieren información adicional, y que las colectividades deben aclarar para resolver la aprobación o rechazo de sus cuentas.

Cabe señalar que el Servicio podrá rechazar el balance cuando no se ajuste a las anotaciones de los libros o contenga errores u omisiones manifiestos. En caso de no existir objeciones o si éstas han sido subsanadas, el Servel los aprueba y publica en su sitio web los extractos respectivos.

Finalmente, según el artículo 40 de la Ley de Partidos Políticos, una de las consecuencias que acarrea el rechazo del balance es la suspensión de las transferencias de las cuotas trimestrales a los partidos que se encuentren en dicha situación. En tanto, una vez que sean aprobadas sus cuentas, se realizarán los pagos de los montos que corresponda, los que solo podrán retenerse por tres trimestres consecutivos; luego de lo cual, si el partido no ha cumplido, no podrá acceder a dichos fondos.

Avance de la fiscalización de balances 2017 de los partidos políticos (Al 12 de noviembre)

Revisa aquí el estado de los balances 2017.

Para acceder a estos fondos y que el Servel pueda autorizar los pagos que les corresponda, los partidos deben cumplir con una serie de condiciones, como acreditar que no tienen multas fiscales derivadas de Procedimientos Administrativos Sancionatorios y que sus balances anuales se encuentran aprobados.

De acuerdo con la normativa sobre el financiamiento de la actividad política incorporada en la Ley 20.915, el Servicio Electoral (Servel) determinó en la Resolución O N°0364 el aporte fiscal para el trimestre octubre-diciembre a distribuir entre los 20 partidos políticos vigentes al 30 de septiembre pasado, el cual alcanza los $ 1.589.731.055.

Conforme al artículo 40 de la Ley de Partidos Políticos, el 5 de enero se determinó el monto anual en $ 6.447.158.173, a partir del cual se calculan las cuotas trimestrales que le corresponde a cada colectividad.

Así también, el mencionado artículo, establece que el 20% del monto trimestral a repartir se distribuye entre todos los partidos políticos, de manera proporcional al número de regiones en las que estén constituidos. En este trimestre, existen diez partidos que se encuentren constituidos en la totalidad del país, por lo que se les adiciona el monto de una región más, y recibirán un aporte equivalente a 17 regiones. En tanto, el 80% restante del aporte se reparte en favor de cada partido con representación parlamentaria, a prorrata de los votos válidamente emitidos a su favor en la última elección parlamentaria, incluyendo a los independientes que hayan participado en el mismo pacto electoral.

Para acceder a estos fondos y que el Servel autorice a la Tesorería General de la República (TGR) a cursar los pagos que correspondan, los partidos deben cumplir con una serie de condiciones. Cabe subrayar que mientras una colectividad no certifique que está apta para percibir el pago, éste no se efectuará; especialmente si se encuentra en situación de mora por multas fiscales derivadas de Procedimientos Administrativos Sancionatorios (PAS) o que sus cuentas y balances anuales están rechazados.

Entre los requisitos que se exigen en la resolución que aprueba los aportes del trimestre, los partidos deben entregar al Servel un certificado del tribunal supremo respecto a los acuerdos resolutivos de su órgano intermedio colegiado; y un certificado emitido por la TGR que acredite que no tienen moras por deudas fiscales. Asimismo, los partidos deben cumplir con la publicación en forma completa y actualizada de los aspectos financieros dispuestos en el artículo 49 (ver resolución), lo cual es fiscalizado por el Servicio.

Del mismo modo, deben informar la vigencia del actual administrador general de fondos, las adecuaciones a sus estatutos y certificar que comunicaron al Servicio Electoral todas las nuevas afiliaciones, desafiliaciones, adhesiones y renuncias que se produjeron en el periodo.

Finalmente, si bien no es un requisito para acceder al pago de este aporte, las colectividades deben utilizar al menos un 10% del total de los recursos públicos que reciben para fomentar la participación política de las mujeres. Este ítem de gasto se fiscaliza anualmente y, si un partido no ha cumplido con dicho mínimo, se descuenta un monto equivalente a lo faltante, el cual se ejecuta en tres cuotas, aplicándose en este trimestre la última, que afecta a ocho colectividades y suma $ 20.401.655.

Aportes trimestrales de octubre de 2018 (Resolución O-N°0364)

La actividad, que se desarrolló el 24 de octubre, tuvo como objetivo visibilizar las barreras que experimentan las mujeres para participar de manera plena, efectiva y en igualdad de condiciones en el mundo político nacional.

Los Diálogos de Inclusión surgieron en 2013 como un espacio donde destacados actores de la sociedad pueden compartir miradas y analizar situaciones en que las personas son segregadas o excluidas, vulnerándose sus derechos fundamentales. La VII versión de este encuentro, que es organizado de manera conjunta por el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), se desarrolló el 24 de octubre pasado en el Congreso Nacional, en Valparaíso.

En la instancia, donde se abordó como tema central la participación política de la mujer y, particularmente, las condiciones que la facilitan o dificultan y su representación en el Congreso, expuso el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría Mutis. Asimismo, participaron la senadora Adriana Muñoz, presidenta de la Comisión Especial de Mujeres y Equidad de Género del Senado; las diputadas Loreto Carvajal y Gael Yeomans, integrantes de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara; Marcela Ríos, representante adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile (PNUD); y Javiera Arce, secretaria ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad en la Universidad de Valparaíso.

El encuentro, cuyo objetivo fue visibilizar las barreras que experimentan las mujeres para participar de manera plena, efectiva y en igualdad de condiciones en el mundo político nacional, se desarrolló en dos mesas de discusión.

En la primera, Patricio Santamaría se refirió a las tareas pendientes que existen para avanzar en la participación de la mujer: “Hay que garantizar el derecho humano político de la mujer para elegir, ser elegida y participar en igualdad de condiciones en el gobierno del país, junto con superar las barreras culturales, sociales y económicas, que son requisitos fundamentales de la integridad electoral que asegura los procesos democráticos”.

Para la autoridad del Servel este fue un diálogo muy constructivo, que permite relevar el tema, a fin de dar pasos concretos en la inclusión de más mujeres en política, tal como lo ha venido haciendo la legislación electoral en los últimos años; y que producto de las cuotas de género, que se aplicaron por primera vez en 2017, se ha logrado incrementar su representación en el Congreso.

Asimismo, destacó las iniciativas que está promoviendo el Servel, como es el nuevo instructivo que regula el gasto en el fomento de la participación política de la mujer que realizan los partidos políticos, debiendo destinar al menos un 10% de los recursos públicos que reciben a dicho fin. En esta misma línea, valoró el trabajo que se está desarrollando en el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional para Impulsar y Fortalecer la Participación de Mujeres en Política, que suscribieron el Servicio Electoral, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al que adhirieron la mayoría de las colectividades, y cuyo propósito es que cada partido pueda efectuar las mejoras que sean necesarias para avanzar en la inclusión de la mujer en la actividad pública.

La actividad, que se desarrolló este martes 30 de octubre, en el segundo taller que se realiza en el contexto de la implementación del convenio para fortalecer la participación de mujeres en política; además, se capacitó a los asistentes en el uso de la herramienta de autodiagnóstico de los partidos en igualdad de género.

En el marco de la implementación del Convenio de Colaboración Interinstitucional para Impulsar y Fortalecer la Participación de Mujeres en Política, que suscribieron el Servicio Electoral (Servel), el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), esta mañana se llevó a cabo el segundo taller de capacitación en la materia dirigido a las colectividades que adhirieron a éste.

En dicha instancia, el jefe de la división de Fiscalización y Financiamiento de Partidos Políticos del Servel, Rodrigo Vivallo Zapata, presentó el nuevo instructivo que regula el gasto destinado al fomento de la participación política de la mujer.  Cabe señalar que, según lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 18.603, al menos un diez por ciento del total aportado a cada partido deberá utilizarse para fomentar la participación política de las mujeres y en el caso de que un partido no cumpla con el porcentaje de gasto mínimo establecido, se le debe descontar de los aportes que recibirá al año siguiente un monto equivalente a lo faltante para cumplir dicho mínimo. En este sentido, el Servel adecuó los criterios, en función de la experiencia y el resultado de las fiscalizaciones sobre este tema, a fin de dar fiel cumplimiento a la exigencia legal y un correcto uso a estos recursos.

De esta manera, según explicó Vivallo en el taller, en adelante solo se entiende por gasto de fomento de la participación de mujeres en política aquel que tiene por finalidad directa incentivar y permitir el rol activo de la mujer en las distintas instancias del partido, sean estas formativas, deliberativas, ejecutivas, resolutivas o de representación. Así, quedan descartados en este ítem los gastos asociados a la preparación o producción de reuniones de la organización interna de los partidos políticos; las actividades de reflexión o conmemorativas; y los seminarios, estudios y acciones de difusión destinados a la preparación de candidatas a cargos de elección popular; entre otras.

Asimismo, en el caso de aquellas actividades que por contrato se ejecutan en más de un año, solo se considera como gasto de dicho periodo la parte o proporción que corresponda a lo efectivamente realizado dentro del año. Además, los documentos de respaldo, sean boletas o facturas, deben emitirse en las fechas señaladas, de lo contrario se debe anexar una nota explicativa.

Una de las novedades más importantes del nuevo instructivo, es que en el proceso de validación del cumplimiento del gasto se pide a los partidos presentar al Servel un cronograma anual de las actividades que realizarán para fomentar la participación de mujeres en política, para lo cual tienen plazo hasta el último día hábil de marzo de cada año. Además, cada actividad deberá notificarse por correo electrónico, al menos con cinco días hábiles de anticipación, a fin de llevar a cabo la fiscalización correspondiente, de estimarse necesario.

Toda la información de respaldo y que acredite la realización de los gastos en la materia, debe presentarse en el Informe de Gastos de Fomento de la Participación Política de la Mujer, el que tiene con fecha límite de recepción el 15 de enero de cada año.

Tras la exhaustiva revisión a dicho informe, el Servel resolverá los gastos que corresponden y observará aquellos que no. En caso de que la colectividad no cumpla con el mínimo requerido, podrá impugnar las conclusiones de la fiscalización dentro de los 10 días hábiles siguientes ante el Director del Servel, quien resolverá en el mérito de las mismas.

Finalmente, y para dar seguimiento a la efectividad y buen uso de estos recursos, el Servicio Electoral podrá solicitar a los partidos indicadores de gestión de tipo cuantitativo y cualitativo de las actividades realizadas.

AUTODIAGNÓSTICO EN IGUALDAD DE GÉNERO

En el taller, que se extendió hasta pasado medio día, también se capacitó a los asistentes en el uso de la herramienta de autodiagnóstico de los partidos políticos en igualdad de género, con lo cual se inició la última fase de este programa de acompañamiento, que tiene por objeto que cada colectividad pueda efectuar las mejoras que sean necesarias sobre la materia.

“Tanto las acciones derivadas del convenio para fortalecer la participación de mujeres en política, como aquellas que contempla la legislación sobre esta misma temática, son muy importantes para el Servicio Electoral, y estamos trabajando de manera muy comprometida para fiscalizar su cumplimiento y posibilitar así que más mujeres se sumen a la actividad política, contribuyendo con sus talentos y miradas a construir un mejor país para todos”, concluyó el director del Servicio Electoral, Raúl García Aspillaga.

Instructivo de Fomento de la Participación Política de la Mujer.

El encuentro, que se desarrolló los días 25 y 26 de octubre, convocó a la mayoría de las instituciones del ámbito electoral de toda América y El Caribe para discutir entre otras materias, sobre el uso de tecnologías para la gestión electoral y la pertinencia de las misiones de observación en los actos electorales.

Las instituciones miembros de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), que agrupa a 24 países de América y El Caribe, se reunieron los días 25 y 26 de octubre en Ciudad de México en el marco de la XIV Conferencia Interamericana de Organismos Electorales.

En dicho evento, participó el Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile (Servel), Patricio Santamaría Mutis, a quien le correspondió ser facilitador del grupo de trabajo sobre el uso de tecnologías para la gestión electoral, y relator del grupo que debatió respecto de la pertinencia de las misiones de observación en los actos electorales.

Esta conferencia se realizó en cumplimiento del acuerdo que adoptaron los integrantes de UNIORE en su encuentro de 2016 en Asunción, Paraguay, y tuvo como temática central el fortalecimiento de las autoridades electorales, su independencia, profesionalización y cooperación internacional.

Asimismo, se abordaron materias como la independencia de las autoridades electorales, las herramientas de gestión estratégica, la comunicación institucional a través de herramientas tecnológicas, las estrategias para combatir la desinformación y las noticias falsas, y la metodología de la observación electoral, entre otras.

“En el plenario de la Conferencia planteamos la necesidad de profundizar la asociación entre los órganos electorales, a fin de enfrentar los nuevos desafíos que surgen para los procesos de votación, en especial la difusión de noticias falsas, el uso de datos personales y la manipulación de electores que puedan distorsionar las elecciones”, comentó Patricio Santamaría. Además, destacó que, en tiempos de participación y transparencia, debe haber absoluta claridad del origen, características, rol y funciones de las misiones electorales, las que pueden ser de organizaciones políticas, partidistas, o de la sociedad civil; sin embargo, señaló que debe existir absoluta nitidez de la naturaleza de cada una de ellas.

En este contexto, el Presidente del Consejo del Servel dijo que, siendo UNIORE la asociación no gubernamental más grande del continente, es necesario resguardar el carácter técnico, imparcial, autónomo e independiente de las misiones de observación y las de acompañamiento. “Sabemos de elecciones, las hacemos y las hacemos bien”, concluyó.

Finalmente, en el marco del desarrollo de este encuentro, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México asumieron la presidencia pro tempore de la Unión Interamericana de Organismos Electorales.

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